Una televisión comunitaria y participativa impulsada por nueve colectivos de informadores para dar voz propia a los vecinos y vecinas de la ciudad.

Una comparativa de la legislación sobre estos medios en distintos países muestra la miopía obsecuente de la Administración española en derecho a la comunicación.

Cierran cerca de doscientas radios comunitarias por supuestas infracciones y entran en agenda los posibles cierres de Radiobrás y Averío, de la Empresa Brasil de Comunicación.

El Ejecutivo de Macri, tardó un año en acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ratificado por la Corte Suprema de Justicia.

Trece emisoras de distinta envergadura y especialización constituyen una comunidad que, además, ofrece herramientas gratuitas y libres a las emisoras sin fines de lucro.

El Gobierno de Macri propone una legislación regresiva que atenta contra la pluralidad de voces y la reserva del 33% del espectro para los medios sin fines de lucro.

Varapalo judicial a la Xunta de Galicia que negaba el derecho a esta emisora comunitaria a emitir en FM y amenazaba con sancionarla por hacerlo.

Regula las emisoras comunitarias, establece la gestión directa de los medios públicos, amplía los derechos de los usuarios y el control de las emisiones ilegales.

El SPA-FeSP, la ReMC, la PDLI, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y otras organizaciones piden al Parlamento andaluz que desatasque con urgencia su tramitación.

ReMC, FeSP y PDLI piden el desarrollo de la Ley de la Comunicación Audiovisual, como acordó el Congreso hace un año. Piden de la derogación de la 'Ley Mordaza'.