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Lunes, 04 Noviembre 2013 08:16

Varapalo a la autorregulación en Gran Bretaña

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El Gobierno británico aprueba la creación de un organismo regulador de la prensa eficaz, con capacidad sancionadora, protector de la ciudadanía y sin políticos ni empresarios de medios.

 El Gobierno británico ha aprobado el pasado miércoles 30 de octubre la formulación de un nuevo sistema regulador de la prensa; la resolución que ha firmado la corona británica argumenta la necesidad de poner fin la “cultura del escándalo” que practican algunos sectores de la prensa, una decisión que aparece plenamente justificada por los casos de pirateo y escuchas telefónicas de los diarios del Grupo Murdoch que afecto, incluso, el caso de una niña asesinada.

La ministra de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes, Maria Millar, ha expresado que la medida "Protegerá la libertad de prensa y permitirá que haya compensación cuando se cometan errores".

La decisión allanará el camino a la creación de un organismo regulador de la industria de prensa (ya existe uno del audiovisual), lo que en teoría facilitaría a las personas que consideren que han sido maltratadas por los medios que sus quejas sean escuchadas, así como la imposición de multas a los medios infractores.

Los tres partidos mayoritarios han respaldado la nueva legislación y cuenta con el respaldo del sindicato de periodistas (NUJ) y de una organización de damnificados por la prensa.

Los editores británicos han intentado bloquear el proyecto a través de los tribunales, argumentando que se pretende someter a la industria de los medios a una posible interferencia política, que no fueron debidamente consultados y que viola la libertad de expresión, ya que el Parlamento tendría capacidad de modificar el sistema en caso de que así lo acuerden los dos tercios de la cámara. La Alta Corte británica ha rechazado este intento de los editores considerando la propuesta del Parlamento ajustada a derecho.

Sin embargo, varios periódicos de los que habían iniciado una campaña de desprestigio personal de los legisladores que apoyaban el proyecto, han indicado que seguirán buscando vías legales para intentar anular la nueva legislación, al tiempo que han advertido de que la ignorarán. En este sentido, el director del Daily Telegraph, Tony Gallagher, ha dicho: "La posibilidad de que firmemos la adhesión a este sistema de interferencia estatal es cero".

El nuevo ente regulador, sería independiente tanto del partido gobernante como de los propietarios de los medios, que se pueden adherir a sus decisiones de forma voluntaria; pero si no lo hacen caerían bajo las normas que rigen en el audiovisual y ser llevados ante los tribunales por las denuncias que pudieran presentar los ciudadanos.

Como decimos, la regulación del sector fue consensuada por los principales partidos con el apoyo de varias organizaciones sociales; entre ellas “Hacked Off”, un grupo que engloba a víctimas de la prensa, que ha dado la bienvenida a la aprobación del sistema regulador y ha solicitado a la prensa que ponga fin a lo que ha descrito como "una oposición equivocada".

"La prensa debería aprovechar la oportunidad de mostrar al público que no temen ser sometidos a baremos éticos decentes y que están orgullosos de rendir cuentas al pueblo para el que escribe", han señalado en un comunicado. En este colectivo se hallan actores británicos como Hugh Grant y Steve Coogan, y la escritora JK Rowling, que han sido algunas de las víctimas de Murdoch, que han manifestado que “La oposición adoptada por la industria de prensa muestra el grado de denegación de sus responsabilidades y es una afrenta impresionante a la democracia que se nieguen a aceptar cualquier sistema que los haga responsable de sus acciones”.

Informe Leveson

El proyecto se formaliza once meses después de que el juez Leveson haya entregado su informe -no vinculante- al Gobierno, en el que recomienda:

- Creación de un nuevo organismo independiente para regular la prensa, respaldado por una legislación que esté "libre de cualquier tipo de influencias por parte de la industria y el Gobierno".

- El nuevo organismo no tendría potestad para bloquear la publicación de noticias, aunque sí podría solicitar correcciones o disculpas e imponer multas de hasta un millón de libras (1,2 millones de euros) o el 1 % de la facturación del medio.

- Ese nuevo organismo podría ser supervisado cada dos años por el Ofcom, el regulador británico que actualmente vigila la actuación de las radios y las televisiones.

- La adhesión a este organismo no sería legalmente obligatoria aunque, en caso de que algún medio optara por desvincularse, Leveson recomienda que sea regulado a través del Ofcom.

- Leveson propone la publicación, cada tres meses, de todas las reuniones que se celebren entre periodistas, directores y propietarios de medios de comunicación, así como el contenido de sus conversaciones.

- Los agentes de policía deberían publicar también los detalles de sus contactos con la prensa.

- Se sugiere el establecimiento de un servicio de arbitraje, en relación con reclamaciones civiles, a cargo de jueces retirados o abogados.

- El nuevo organismo debería tener potestad para investigar posibles violaciones graves o sistemáticas del código de conducta de la prensa.

- Se recomienda que el presidente y otros miembros del nuevo organismo no sean directores de periódicos, y que todos ellos sean independientes.

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