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Martes, 30 Diciembre 2014 13:19

Concentración en Madrid: “Tele K no se cierra”

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El pasado 29 de diciembre se materializó, frente a la sede de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, la anunciada protesta ciudadana bajo el lema “Tele K no se cierra”.

En la mañana del pasado 29 de diciembre un nutrido grupo de activistas y entre ellos el diputado europeo Javier Couso se manifestaron frente a la sede de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones en Madrid en protesta por la intención del Gobierno del PP de aprovechar el Plan Técnico Nacional de la TDT para dejar sin frecuencias a los medios comunitarios.

Una de las damnificadas dio nombre al lema de la protesta: “Tele K no se cierra”.

En su manifiesto esta emisora comunitaria expresaba que “Mientras que la Ley General de Comunicación Audiovisual aprobada en 2010, obliga a la Administración del Estado a garantizar frecuencias para los medios comunitarios y desarrollar reglamentariamente este servicio, el nuevo plan no prevé frecuencias para los mismos.

El argumento es que no disponemos de licencia, algo que se nos ha impedido obtener, ya que el Gobierno ha incumplido sistemáticamente el mandato legal de aprobar los reglamentos básicos antes del 31 de Mayo de 2011. Nos dejan en un limbo legal como “medio comunitario sin ánimo de lucro existente”, pero con la la amenaza latente de ser cerrados en cualquier momento y sufrir multas millonarias por ocupación del espectro radio-electrico, como ha sucedido recientemente a La Tele.cat de Barcelona. De tal manera que se nos quiere aplicar una Ley Mordaza “digital”.

Son ya 21 años, 33 en el caso de RTV Cardedeu, los que llevamos esperando a poder desarrollar de una manera totalmente normalizada el ejercicio de la libertad de expresión por medio de entidades sin ánimo de lucro, como un factor de pluralismo y diversificación de los puntos de vista, aspiración apoyada por amplia mayoría del Parlamento Europeo. Por lo que se ve, esto no es posible en España. Por este motivo, Tele K, RTV Cardedeu y la Red de Medios Comunitarios, hemos decidido interponer un recurso contencioso administrativo contra este Real Decreto y solicitar su suspensión cautelar.

Mientras tanto, nos vemos obligados a manifestarnos nuevamente como lo hicimos contra las adjudicación de licencias de Esperanza Aguirre en 2005. De lo contrario la ciudadanía de Madrid, castigada ya por la manipulación y desmantelamiento de Telemadrid, se verá privada de un medio que ha sido el comienzo de muchas cosas.”

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