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Lunes, 10 Agosto 2015 17:14

Los juzgados de lo social, cada vez más colapsados

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Aumento constante del retraso de celebración de juicios y emisión de sentencias por despidos –en algunos casos llega a superar los tres años– con el perjuicio que ello conlleva para los trabajadores afectados

Las demandas por despido tienen el carácter de «urgente» en la tramitación en los juzgados de lo Social. Incluso así, algunas reclamaciones pueden tardar hasta tres años entre la presentación de la denuncia y la obtención de la sentencia correspondiente, segun informa eldiario.es. Se trata de situaciones en las que la empresa no paga lo establecido en la resolución judicial y el expediente termina en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Aunque el colapso está bastante generalizado, la situación en Madrid, Barcelona y Sevilla es especialmente grave. En la capital andaluza, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se ha visto obligado a ampliar la lista de juzgados de lo Social con dos más. En Madrid y Barcelona, un juicio en el ámbito laboral puede llegar a fijarse a un año vista mientras que en Sevilla se dan casos de fechas de señalamiento en 2017 e incluso 2019.

En el caso de Barcelona, además, se da una circunstancia que, al menos de momento, contribuye a emperorar el panorama. Los juzgados de lo social –dispersos ahora en tres edificios distintos– están ultimando su trasladando a la nueva Ciudad de la Justícia, culminando así el proceso de contentración de la actividad judicial en un solo complejo. Es posible que más adelante, en unas instalaciones más modernas, quizás se pueda recuperar terreno aunque la mejor manera, seguramente, sería rebajar la conflictividad social y aumentar los recursos materiales y humanos de los juzgados.

En Barcelona, despidos producidos a mediados de 2013 tuvieron su vista oral casi un año después. En cambio, las reclamaciones de cantidad por salarios impagados –cuestiones consideradas «no perentorias»– se van a celebrar este mes de octubre, es decir dos años y medio después de la presentación de la correspondiente demanda.

La crónica periodística citada acaba detallando una cuestión relativamente habitual: la suspensión del juicio previsto por cualquier aspecto de procedimiento, normalmente la incomparecencia de la empresa en la vista. Así, un despido colectivo que debía haber sido juzgado este mes de julio, ha sido aplazado y la nueva fecha es el mes de febrero del año próximo, siete meses después.

Lo grave es que lo que está en juego son las cantidades que trabajadores despedidos deberían percebir y que el hecho de demorar este trámite provoca importantes perjuicios a los afectados. Mucho más si quien va a terminar pagando por la desaparición de las empresas es Fogasa.

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