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Jueves, 19 Noviembre 2015 19:04

Por el cumplimiento en BTV de la sentencia por cesión ilegal de trabajadores

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Comunicado de los trabajadores del programa 'El pla B' de Barcelona TV a quien una sentencia les reconoce el derecho a que la empresa municipal que gestiona la televisión local les incorpore en plantilla.

La justicia ha dado la razón a los cuatro trabajadores del programa de Barcelona TV El Pla B que demandaron a Informació i Comunicació de Barcelona (ICB), la empresa pública que gestiona BTV, y Antena Local (la productora a través de la que estaban subcontratados y que pertenece a Mediapro), por cesión ilegal de trabajadores. La sentencia del Juzgado Social núm. 14 de Barcelona obliga a incorporarlos en la plantilla de ICB y pagarles la diferencia entre el sueldo que percibían y el que los corresponde como trabajadores de la sociedad municipal, con un 10 % añadido de intereses.

Contrariamente a lo que el equipo de gobierno había anunciado al comité de empresa y a los sindicatos que no recurriría la sentencia si esta era favorable a los trabajadores, el consejo de administración de ICB –compuesto por un miembro de PP, CDC, PSC, ERC y Barcelona en Comú– ha decidido apelar el fallo judicial. Ante ello, los trabajadores afectados han hecho público el siguiente comunicado:

El consejo de administración de BTV no ha hecho caso al equipo de gobierno municipal y ha decidido recurrir la sentencia que obliga a internalizar cuatro trabajadores y pagarles la diferencia de sueldo y las correspondientes cuotas a la Seguridad Social –uno de ellos era falso autónomo– que no habían percibido y les correspondía por derecho.

La sentencia reconoce la situación de ilegalidad y de precariedad laboral que habían sufrido estos trabajadores durante años, como por ejemplo el despido sistemático en las vacaciones para volverles a contratar cuando empezaba la nueva programación.

Y aún más. Somos profesionales que hemos sido discriminados y posteriormente despedidos, precisamente, como acción reactiva a la presentación de esta demanda.

A pesar de todo ello, el consejo de administración de BTV ha menospreciado la recomendación de la Alcaldesa de Barcelona, Ada Coláu, y del Primer Teniente de Alcalde, Gerardo Pisarello, de no presentar un recurso de suplica. Lo han hecho, según aseguran, «en cumplimiento de los deberes de administración diligente y leal y atendiendo al grave perjuicio económico»
.
¿Por qué los sueldos de ICB, que no habían supuesto nunca un grave ‘perjuicio económico’, ahora después de la sentencia sí que lo son? Qué ha cambiado para el consejo de administración?

Según la memoria anual de ICB de 2014 la remuneración total del Director de BTV fue de 124.759,39 euros. Los miembros del consejo de administración meritaron un importe conjunto de 114.306 euros en concepto de dietas de asistencia. Esta cantidad incluso sobrepasa el límite de 2,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional que fija para cada miembro el artículo 9.5 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Público de Televisión Local de Barcelona (BTV).

Según la misma memoria anual, el gasto en sueldos y salarios por los 20,42 trabajadores de ICB el 2014 fue de 1.076.095,39 euros, a los que se deben añadir 233.685,73 en seguridad social a cargo de la empresa. Esto significa un gasto anual de 64.142 euros por trabajador. Una cifra a la que no  llegaremos ni mucho menos ninguno de los trabajadores que ahora somos de ICB. La sentencia especifica unas remuneraciones anuales de 36.043,80€, 34.021,62€, 21.985,75€ y 41,242,74 €.

Son sueldos que teníamos que haber cobrado ya desde el primer día. Pero cómo que nos contrataba una empresa externa, a esta cifra no  llegamos nunca. Es más. Antena Local, la empresa que nos contrataba formalmente (del grupo Mediapro) nos pagaba menos de lo que había asegurado en
un presupuesto a ICB S.A. s.p.m.

Entendemos, pues, que con su comunicado, el consejo de administración no asume el coste de los nuevos trabajadores, a pesar de reconocer que el sistema de contratación realizado hasta ahora es ilegal.

Así pues, ¿para quién es un ‘perjuicio económico’ tener que pagar la diferencia de sueldo que los correspondía por derecho a estos cuatro trabajadores? ¿Para la empresa que tendrá que depositar la globalidad de este dinero en fianza en una cuenta del juzgado? ¿O para los mismos profesionales que ahora están al paro y uno de ellos sin ningún tipo de prestación por haber sido falso autónomo?

La jueza no ha dictaminado nada de extraordinario. Simplemente sentencia que se tiene que pagar una deuda que se debe a estos cuatro profesionales y que se integren en ICB S.A. s.p.m. –la empresa pública que gestiona BTV– en calidad de trabajadores indefinidos. Nada más.

El consejo de administración también toma una decisión que los trabajadores habíamos querido desde hace años: trasladar al ámbito político y no al judicial el cambio de un modelo que permite la precarización y la vulneración de derechos a la empresa pública. Esperamos que se haga. Y que se haga pronto. Ha hecho falta una sentencia para forzar el cambio de una situación totalmente injusta y, como se ha demostrado, ilegal. Pero este primer paso no puede tener el coste de continuar dejando en la calle –con la presentación de un recurso a la sentencia- a aquellos y aquellas que han luchado por sus derechos y puestos de trabajo dignos. Y más cuando el equipo de gobierno recomendó justamente lo contrario.

Barcelona, 13 de noviembre de 2015

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