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Jueves, 16 Febrero 2017 14:37

Argentina no acata un fallo sobre Derechos Humanos

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En una decisión sin precedentes rechaza una sentencia del TIDH, al que esta obligado, que rechaza la condena por injurias a un medios y dos periodistas.

“Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictadas en causas en que la Argentina es parte deben ser cumplidas y ejecutadas por el Estado y, en consecuencia, son obligatorias para la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, así se expresa el magistrado Juan Carlos Maqueda, el único de los cinco miembros de la Corte Suprema argentina que votó en disidencia con la decisión de ese alto tribunal que ha considerado que los fallos del organismo jurídico internacional no están por encima de los de los tribunales locales.

El caso que se debatía era una demanda promovida por el ex presidente Carlos Menem contra la ‘Editorial Perfil’ y los periodistas Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico por daños y perjuicios porque habían publicado que el mandatario tenía un hijo no reconocido. Por lo cual habían sido condenados por los tribunales argentinos.

La CIDH, ante la cual recurrieron los condenados, consideró que esa sentencia constituía "una violación al derecho a la libertad de expresión reconocido en el Pacto de San José de Costa Rica (art. 13)."

El disidente juez Maqueda recordó a sus colegas que “las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictadas en causas en que la Argentina es parte deben ser cumplidas y ejecutadas por el Estado y, en consecuencia, son obligatorias para la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y que la Argentina “se ha comprometido a ello al firmar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Frente a este compromiso elemental del sistema interamericano de derechos humanos, no existen razones de orden interno para dejar de cumplir obligaciones ya asumidas.”

Con este veredicto, el Supremo argentino ha sentado un peligroso precedente que puede afectar casos como el de la detención preventiva de la dirigente social Milagro Sala, arrestada desde el 16 de enero de 2016. Ante este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo del sistema de la OEA, reclamó al Estado argentino que diera "pronta respuesta a la decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria que califica la detención preventiva de Milagro Sala como arbitraria y llama a su liberación inmediata".

https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201702141066959270-buenos-aires-ddhh/

 

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