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Miércoles, 30 Agosto 2017 17:37

La 'Ley Mordaza', de nuevo bajo la lupa del Defensor del Pueblo

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Un periodista de la emisora Hala Bedi fue sancionado con 602 euros tras grabar una carga policial en Vitoria, pese a que mostró su acreditación a los agentes para demostrar que estaba trabajando.

El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja que presentó la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) –de la que la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) es uno de sus socios fundadores– por una multa de 602 euros impuesta al periodista Mikel Sáenz de Buruaga, en aplicación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza.

La oficina del Defensor del Pueblo ha iniciado las actuaciones oportunas ante el Departamento de Interior del Gobierno Vasco, al que ha recabado información sobre este caso. Cuando la reciba lo comunicará a la PDLI y adoptará una resolución.

Mikel Sáenz de Buruaga, de la emisora Hala Bedi, fue multado tras grabar una carga policial en un barrio de Vitoria, a pesar de que mostró su acreditación de prensa a los policías. Le aplicaron el artículo 36.6 de esa ley, uno de los que más polémica ha levantado, que permite sancionar con multas de 601 a 30.000 euros a quienes la policía considere que actúan con «desobediencia o resistencia a la autoridad».

La PDLI, como ha hecho en otros casos similiares, denunció esos hechos ante el Defensor del Pueblo el pasado 28 de julio, «Como venimos denunciando», indicó en su escrito, «las multas contra la libertad de información responden a un patrón: el de su camuflaje bajo infracciones genéricas como "la desobediencia o la resistencia a la autoridad" (artículo 36.6) o "faltas de respeto y consideración" a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 37.4).» También recordaba que. según los datos oficiales del Ministerio del Interior, este tipo de sanciones «se han incrementado desproporcionadamente en el último año».

«Estudiada su queja, se procede a su admisión, al entender que reúne los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución, en relación con lo que dispone la Ley Orgánica de 6 de abril de 1981, del Defensor del Pueblo», ha comunicado esta institución a la PDLI.

El Defensor del Pueblo ha criticado en varias ocasiones algunos artículos de la Ley Mordaza, entre ellos los dos que permiten imponer sanciones como las citadas tanto a periodistas como a ciudadanos que protestan en la calle.

En su Memoria anual correspondiente a 2016, esa institución se refiere a tres multas impuestas a periodistas en aplicación del citado artículo 36.6 y señala que alguna de esas resoluciones sancionadoras no contenía "ningún juicio de proporcionalidad, ni motivaba la constitucionalidad de la sanción impuesta, ni siquiera consideraba que pudiese existir una limitación o afectación de un derecho fundamental".

«La limitación de los derechos fundamentales debe ser la mínima indispensable y, por ello, está sometida al principio de proporcionalidad, al objeto de evitar sacrificios innecesarios o excesivos de los mismos, lo que exige que las resoluciones que apliquen los referidos límites tengan una motivación suficiente para poder controlar la proporcionalidad y la constitucionalidad de la medida aplicada», ha indicado el Defensor del Pueblo en su última Memoria anual.




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